Directivos del Consejo de Administración de la Cooperativa Universitaria (CU), habrían incurridos en graves irregularidades al contratar una asesoría jurídica con fondos de la entidad para defender a los denunciados por la Junta de Vigilancia, por presunta lesión de confianza en el alquiler de una sucursal en Misiones.
Cooperativa Universitaria. Foto:ÚH
Los miembros de la Junta de Vigilancia, a cargo de Luis Casella, María Inés Gómez y Lorenzo Portillo, alertaron al fiscal Arnaldo Giuzzio del supuesto nuevo hecho irregular.
La suma involucrada supera los 123 millones de guaraníes afirman los denunciantes, quienes se basan en lo que establece un contrato firmado con la asesoría jurídica "Almada Royg y Asociados", que tendrá a su cargo la asistencia legal de los miembros del Consejo de Administración.
Tras firmar el contrato, ya se pagó por adelantado el 50 por ciento, y el resto en cuotas hasta completar el monto acordado, según la denuncia.
Según los antecedentes, la anterior denuncia hecha ante el fiscal Giuzzio es por supuesta lesión de confianza al haberse abonado en forma adelantada 1.234 millones de guaraníes por un contrato de alquiler de una sucursal de la cooperativa en Misiones.
La investigación con relación a la citada denuncia sigue su curso en la Fiscalía Anticorrupción.
Pero el Consejo de Administración contrató al estudio jurídico para representarla ante la denuncia y para pagar los honorarios aprobando un desembolso para el efecto.
Ante la nueva presunta irregularidad, la Junta de Vigilancia, accionó contra los presuntos responsables, facilitando la copia del contrato firmado con los abogados, señala la denuncia.
El dictamen de la Junta de Vigilancia entiende que los abogados fueron contratados para defender a los integrantes del Consejo de Administración, pero a título personal, mientras la cooperativa está obligada a responder con sus recursos prestados por los servicios profesionales a favor de la misma.
"Es un pago que debería ser soportado por quienes se benefician de los servicios de los abogados y no por la Cooperativa Universitaria, por lo que consideramos que se trata de un nuevo perjuicio patrimonial a la entidad", señla el dictámen.
El contrato fue firmado el pasado 3 de agosto entre la presidenta de la cooperativa Graciela Ortiz Chávez, el tesorero César Guillermo Cruz Roa, y el abogado José Domingo Almada Roig, éste último en representación de la asesoría jurídica en cuestión, según el documento.
En la cláusula 5 del contrato acuerdan un monto único, total y definitivo de 123 millones de guaraníes, más IVA, que se compromete a pagar la Cooperativa Universitaria, con el pago del 50 por ciento más IVA en el momento de la firma y el resto en cuotas de 20.500.000 guaraníes, más IVA.
Cooperativa Universitaria. Foto:ÚH
Los miembros de la Junta de Vigilancia, a cargo de Luis Casella, María Inés Gómez y Lorenzo Portillo, alertaron al fiscal Arnaldo Giuzzio del supuesto nuevo hecho irregular.
La suma involucrada supera los 123 millones de guaraníes afirman los denunciantes, quienes se basan en lo que establece un contrato firmado con la asesoría jurídica "Almada Royg y Asociados", que tendrá a su cargo la asistencia legal de los miembros del Consejo de Administración.
Tras firmar el contrato, ya se pagó por adelantado el 50 por ciento, y el resto en cuotas hasta completar el monto acordado, según la denuncia.
Según los antecedentes, la anterior denuncia hecha ante el fiscal Giuzzio es por supuesta lesión de confianza al haberse abonado en forma adelantada 1.234 millones de guaraníes por un contrato de alquiler de una sucursal de la cooperativa en Misiones.
La investigación con relación a la citada denuncia sigue su curso en la Fiscalía Anticorrupción.
Pero el Consejo de Administración contrató al estudio jurídico para representarla ante la denuncia y para pagar los honorarios aprobando un desembolso para el efecto.
Ante la nueva presunta irregularidad, la Junta de Vigilancia, accionó contra los presuntos responsables, facilitando la copia del contrato firmado con los abogados, señala la denuncia.
El dictamen de la Junta de Vigilancia entiende que los abogados fueron contratados para defender a los integrantes del Consejo de Administración, pero a título personal, mientras la cooperativa está obligada a responder con sus recursos prestados por los servicios profesionales a favor de la misma.
"Es un pago que debería ser soportado por quienes se benefician de los servicios de los abogados y no por la Cooperativa Universitaria, por lo que consideramos que se trata de un nuevo perjuicio patrimonial a la entidad", señla el dictámen.
El contrato fue firmado el pasado 3 de agosto entre la presidenta de la cooperativa Graciela Ortiz Chávez, el tesorero César Guillermo Cruz Roa, y el abogado José Domingo Almada Roig, éste último en representación de la asesoría jurídica en cuestión, según el documento.
En la cláusula 5 del contrato acuerdan un monto único, total y definitivo de 123 millones de guaraníes, más IVA, que se compromete a pagar la Cooperativa Universitaria, con el pago del 50 por ciento más IVA en el momento de la firma y el resto en cuotas de 20.500.000 guaraníes, más IVA.
Fuente: UltimaHora.com
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